Un nuevo análisis desfavorable para España ha sido divulgado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, evidenciando una preocupante inercia en la erradicación de la corrupción. El informe subraya que, a pesar de los seis años transcurridos desde las recomendaciones iniciales, ninguna de las diecinueve directrices propuestas en 2019 ha sido acatada en su totalidad. Este hallazgo, que ha permanecido bajo reserva hasta principios de agosto por decisión del Ejecutivo español, resalta una particular deficiencia en la respuesta gubernamental frente a la corrupción que involucra a miembros del gabinete y altos cargos de la administración central. La preocupación del organismo radica en la ausencia de acciones contundentes y resultados tangibles en este sector crucial.

El documento también examina otros aspectos relevantes, como las restricciones a la reincorporación de funcionarios públicos al sector privado, la regulación del lobby y la reforma de los aforamientos. Se destaca que, a pesar de ciertas mejoras en la lucha general contra la corrupción en el ámbito administrativo, las medidas específicas dirigidas a los puestos de mayor responsabilidad no se han materializado. El Greco insiste en la necesidad de reforzar la supervisión independiente y la divulgación de datos financieros detallados para estos cargos, al tiempo que critica la falta de autonomía y capacidad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses. Además, lamenta la inacción en la regulación de actividades de lobby y la paralización de la reforma de los aforamientos, un tema que ha resurgido con fuerza en el debate público, especialmente en el contexto de casos recientes que involucran a figuras políticas.

El reporte también aborda la situación en la Policía Nacional y la Guardia Civil, donde si bien se reconocen ciertos avances, persisten \"deficiencias duraderas\". El Greco solicita al presidente del Consejo de Europa que inste al ministro de Asuntos Exteriores de España a tomar acciones decisivas para revertir la situación. La persistente falta de implementación de las recomendaciones no solo compromete la integridad de las instituciones, sino que también socava la confianza ciudadana en la administración pública. Es imperativo que las autoridades españolas demuestren un compromiso inequívoco con la transparencia y la rendición de cuentas, implementando reformas estructurales que garanticen una lucha efectiva contra la corrupción en todos los niveles, reforzando así los pilares de la democracia y el estado de derecho.