La actual situación de Diana Morant, al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y como secretaria general de los socialistas valencianos, se ve ensombrecida por una serie de desafíos. Desde su ascenso en marzo de 2024, Morant ha tenido que hacer frente a dos situaciones de gran magnitud: por un lado, la devastadora DANA que golpeó la Comunidad Valenciana, y por otro, la controversia surgida a raíz de la publicación de informaciones que revelan la supuesta falsificación de un título universitario por parte de un alto cargo designado por ella misma. Estas circunstancias han puesto a prueba la capacidad de respuesta de la ministra, generando un ambiente de inquietud dentro de las filas socialistas y minando, de forma discreta pero constante, la solidez de su liderazgo.

La gestión de crisis de Diana Morant bajo la lupa

Durante el mes de octubre, la Comunidad Valenciana se vio azotada por los efectos de una DANA, provocando graves inundaciones en las comarcas de Huerta Sur, Campo de Turia y Utiel-Requena. Posteriormente, en la misma semana de los eventos, el periódico EL MUNDO reveló que José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la DANA y presidente del PSPV-PSOE, cargo al que fue elevado por la propia Morant, había ejercido funciones públicas con una titulación presuntamente falsa. En ambas coyunturas, se ha señalado una demora en la reacción de la ministra y futura candidata socialista a la Generalitat, incluso con reproches hacia su gestión. A pesar de las tensiones internas y las rivalidades que suelen afectar al socialismo valenciano, se ha optado por mantener el descontento en un segundo plano. La prioridad, según explican, es la reconstrucción de las zonas afectadas y la contienda política contra Carlos Mazón. Los críticos, en un gesto de tregua, reconocen el apoyo del partido hacia Morant y la confianza de Pedro Sánchez en su candidatura para la presidencia de la Generalitat. No obstante, se ha enfatizado la tardía aparición de Morant tras la DANA, limitándose a un único traslado a Valencia para acompañar a Pedro Sánchez en una visita oficial, y su ausencia mediática hasta finales de octubre, más allá de sus comunicaciones en redes sociales. Más recientemente, se ha cuestionado nuevamente su lentitud al abordar el caso de José María Ángel Batalla, su elegido para la presidencia de los socialistas valencianos, un puesto de carácter honorífico. La disconformidad se extiende al tono y al contenido de sus declaraciones, especialmente al afirmar que el partido respaldará a quien ha dimitido por falsificar un título y acceder fraudulentamente a un cargo público, pese a las denuncias de la Agencia Antifraude y la Fiscalía. Sus palabras de no arrepentirse de su nombramiento y de no renunciar a él contrastan fuertemente con las de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha subrayado la necesidad de «ejemplaridad» en los cargos públicos. Esta postura de Montero es vista como una reacción lógica a los recientes reveses del partido.

Desde una perspectiva crítica, los acontecimientos recientes exponen la importancia de la transparencia y la diligencia en la gestión política. La lentitud en la respuesta ante crisis y las controversias en torno a nombramientos pueden socavar la confianza pública y la cohesión interna de un partido. Es fundamental que los líderes políticos demuestren una capacidad de reacción inmediata y una postura inquebrantable en defensa de la ética y la legalidad. Solo así se puede fortalecer la credibilidad y asegurar la legitimidad de sus acciones ante la ciudadanía.