En un pulso administrativo sin precedentes, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha emitido una contundente orden de cese contra un centro de acogida de refugiados, bajo la administración del Gobierno central. La decisión, que ha generado un amplio debate en vísperas del inminente traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias, se fundamenta en la ausencia total de licencias de actividad, funcionamiento y obras, revelada tras una inspección municipal. Tejero ha insistido en que su proceder está estrictamente apegado a la legalidad y busca garantizar la seguridad y el orden en el municipio, advirtiendo sobre las implicaciones de operar una instalación de esta magnitud sin los permisos necesarios.

La controversia surge después de que el Ayuntamiento de Pozuelo detectara que el macrocentro de acogida, que alberga a más de 500 personas, carece de los permisos municipales pertinentes. Paloma Tejero ha explicado que la intervención municipal es una respuesta directa a la falta de información y cooperación por parte de las autoridades de Migraciones y la Delegación del Gobierno. A pesar de los intentos por obtener claridad sobre la situación del centro, la ausencia de respuestas llevó a la realización de una inspección rutinaria, la cual desveló una serie de irregularidades significativas.

La alcaldesa, en sus declaraciones, ha enfatizado que el único documento válido que posee la instalación es una licencia de formación para la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual es completamente ajena a la actividad actual de un centro de acogida. Esta situación ha llevado a Tejero a calificar la operación del centro como una \"barbaridad\" y ha advertido sobre la grave irresponsabilidad del Gobierno en caso de que ocurriera algún incidente. En este sentido, ha señalado que, a partir de la emisión del decreto de cese cautelar, cualquier responsabilidad recaería exclusivamente en el Gobierno central.

El Ayuntamiento ha concedido un plazo de 15 días a los responsables del centro para presentar las alegaciones y la documentación requerida. Sin embargo, Tejero se muestra escéptica sobre la posibilidad de legalizar el espacio, dado que el uso del suelo es incompatible con la actividad que se desarrolla. La alcaldesa ha denunciado la \"temeridad\" de la situación, desestimando las acusaciones de racismo e insolidaridad, y ha reprochado al Gobierno el trato que da a los migrantes, a quienes considera \"bultos\" sin un criterio claro de ubicación. Además, ha criticado la política migratoria del Gobierno, afirmando que \"el Gobierno invita y pagan los ayuntamientos\", poniendo de manifiesto la carga que recae sobre los municipios.

La cronología del centro añade otra capa de complejidad al asunto. Abierto inicialmente en 2022 para acoger a refugiados ucranianos, en un contexto de emergencia que justificó cierta flexibilidad, el Ayuntamiento de Pozuelo considera que la situación actual es completamente diferente. Lo que entonces fue una solución temporal, ahora se ha transformado en una residencia \"estable y permanente\" sin la debida comunicación ni la adecuación a la normativa vigente. Tejero ha lamentado el \"oscurantismo\" y la falta de transparencia del Gobierno en este proceso, subrayando que la ley debe aplicarse a todos por igual, incluyendo a las administraciones. La regidora ha sido categórica al afirmar que Pozuelo no tolerará una residencia ilegal, ya sea para menores, adultos o cualquier otra finalidad que no cumpla con las licencias y el plan de urbanismo municipal.

En resumen, la postura de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón refleja un firme compromiso con la legalidad y la seguridad de sus ciudadanos. La controversia en torno al centro de acogida de migrantes subraya las tensiones entre las políticas gubernamentales y las responsabilidades locales, poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y respeto por la normativa vigente. La batalla legal y administrativa que se avecina determinará el futuro de este centro y sentará un precedente importante en la gestión de la política migratoria en España.