La directriz de cierre provisional del centro de acogida para solicitantes de asilo en Pozuelo de Alarcón ha frustrado los planes del Gobierno para cumplir con la resolución del Tribunal Supremo, que exige la reubicación de 827 menores migrantes. Este lugar, estratégico en la planificación inicial para albergar a 400 jóvenes, se ve ahora inhabilitado, complicando el proceso de derivación que debe iniciarse en apenas diez días. Este revés surge en un momento crítico, ya que el Tribunal Supremo ha reiterado la urgencia de integrar a estos jóvenes en el sistema de protección internacional.
Desde las primeras deliberaciones en julio con las autoridades canarias, la reubicación de estos menores en el complejo de Pozuelo había sido una opción primordial para el Gobierno. Incluso se realizaron "obras de acondicionamiento" en el lugar. Sin embargo, la interrupción de sus actividades, confirmada recientemente, representa un contratiempo significativo justo cuando el Gobierno de Sánchez debe empezar a trasladar a los primeros jóvenes ya registrados en su red de protección internacional.
Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia de Canarias, ha enfatizado la firmeza del Gobierno en su intención de habilitar 400 plazas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo. La expectativa es que, a principios de agosto, el Centro Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, reciba a unos 250 menores. A pesar de algunos ajustes en las cifras debido a inconsistencias en las listas, se espera que el traslado de un primer grupo de 30 a 40 menores a la península comience en un plazo máximo de diez días.
El propósito es evitar que el Centro Canarias 50 alcance su capacidad máxima, actuando como un centro de derivación temporal. La prioridad es realizar una evaluación inicial de los menores para luego trasladarlos a un destino permanente en la Península, donde puedan acceder a educación y establecerse. Además, se requiere la aprobación del Ministerio Fiscal para los traslados, garantizando el bienestar de los menores, especialmente aquellos que deseen permanecer en Canarias por estar escolarizados o tener arraigo.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha manifestado su desconocimiento sobre el número de personas alojadas en el Creade, su capacidad real y los protocolos de acogida. Se estima que el centro alberga a casi 500 personas actualmente, incluyendo mujeres y niños pequeños, lo que agrava la situación en caso de un cierre definitivo. El Gobierno central sostiene que existen mecanismos legales para asegurar el cumplimiento del acuerdo migratorio a pesar de las objeciones del Partido Popular, desestimando las afirmaciones del Ayuntamiento de Pozuelo como "racismo preventivo" basadas en "meras hipótesis".
En medio de la controversia, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha declarado que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el cese de actividad del centro de acogida ordenada por el Ayuntamiento de Pozuelo. Esta falta de comunicación agudiza la tensión entre las administraciones y subraya la complejidad de la situación migratoria en la región.