En un caso que ha generado gran atención en los círculos gubernamentales y agrícolas de Baja California, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria ha interpuesto una acción legal contra la Secretaría de Agricultura. Este conflicto surge tras una solicitud de información vinculada a una auditoría iniciada por la Secretaría de Honestidad y Función Pública. El tribunal ha otorgado una suspensión provisional mientras se evalúan las reclamaciones presentadas por ambas partes. En medio de tensiones políticas, algunos interpretan este movimiento como una estrategia para influir en el proceso electoral interno del sector ganadero.
El pasado mes de abril, el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali intervino en un asunto complejo que enfrenta al Comité Estatal con instancias superiores del gobierno federal. La disputa central gira en torno a un requerimiento de datos relacionados con programas de sanidad agroalimentaria entre los años 2022 y 2024. Según los documentos legales, esta demanda fue realizada para cumplir con un mandato de auditoría. Sin embargo, el Comité argumentó falta de competencia jurisdiccional por parte de las autoridades federales involucradas.
Este contexto se complica aún más debido a las aspiraciones políticas de Gustavo Rodríguez Cabrales, quien busca su reelección para liderar la Unión Ganadera Regional de Baja California. Su oponente, Raúl Yagües Tejeda, ha acusado públicamente supuestas irregularidades mediante redes sociales, donde difundió videos y declaraciones sobre solicitudes de auditorías adicionales. Estas acciones han sido vistas como intentos de desacreditar a Rodríguez antes de la elección programada para finales de abril.
Por otro lado, María Gabriela Monge Pérez, titular de la Secretaría de Honestidad, destacó que su institución está cumpliendo con sus deberes legales dentro del marco establecido. Aclaró que la auditoría no se dirige específicamente hacia el Comité, sino hacia la Secretaría de Agricultura, aunque reconoció que ciertos aspectos del programa compartido podrían implicar revisión indirecta. Además, mencionó que la investigación forma parte del Plan Anual de Trabajo, enfocado en asegurar el uso adecuado de recursos públicos asignados a distintas dependencias gubernamentales.
Concluida la fase inicial de evaluación, queda claro que este caso representa un ejemplo significativo de cómo las dinámicas electorales pueden entrelazarse con procedimientos administrativos y judiciales. Mientras tanto, los plazos legales siguen su curso, y las partes afectadas deben proporcionar informes justificados conforme a lo estipulado por el tribunal. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si estas medidas judiciales impactarán en el desarrollo de la auditoría o en los resultados del proceso electoral en cuestión.