La institución financiera popular CAME enfrenta serios problemas de solvencia económica que han llevado a la restricción de sus operaciones en casi 50 sucursales distribuidas por todo el país. A pesar de recibir recientemente importantes inyecciones de capital, los indicadores financieros continúan siendo preocupantes. Además, la entidad dejó de proporcionar información obligatoria y solicitó el retiro de sus calificaciones crediticias.

Con una trayectoria de más de tres décadas especializándose en microfinanzas, CAME ha sido un actor relevante en el sector financiero mexicano. Sin embargo, la actual crisis ha provocado el cierre temporal de varias sucursales y limitaciones en la apertura de nuevos créditos, afectando a sus más de un millón de clientes.

Indicios de Crisis Financiera en CAME

En los últimos meses, diversas señales han evidenciado las dificultades económicas de la sofipo. Primero, se observaron irregularidades en la presentación de informes financieros correspondientes al primer mes del año. Posteriormente, dos reconocidas agencias calificadoras disminuyeron significativamente las valoraciones crediticias de la entidad, destacando niveles preocupantes de activos improductivos.

A pesar de recibir una considerable cantidad de recursos adicionales, equivalentes a casi 600 millones de pesos, estos no lograron resolver los problemas estructurales. Los reportes indican que los costos crediticios siguen siendo elevados, mientras que las pérdidas acumuladas dificultan la recuperación financiera. La falta de cumplimiento con los requisitos regulatorios mínimos de capitalización refuerza la gravedad de la situación. Según datos oficiales, en diciembre del año pasado, su nivel de capitalización apenas alcanzaba el 102%, muy por debajo del umbral establecido.

Impacto en Clientes y Futuro Incierto

El impacto de esta crisis sobre los usuarios de CAME es notable, especialmente en comunidades populares donde la entidad desempeñaba un papel crucial. Varias sucursales permanecen cerradas indefinidamente, y aquellas que aún funcionan han restringido servicios esenciales como la aceptación de depósitos o la emisión de nuevos préstamos. La atención se ha trasladado parcialmente a plataformas digitales, aunque estas también experimentan interrupciones ocasionales.

De cara al futuro, existe preocupación sobre la posible revocación de la licencia operativa si no se cumplen los estándares regulatorios. En tal escenario, los ahorros de los clientes estarían protegidos hasta cierta cantidad monetaria, pero existen dudas sobre la capacidad del fondo de protección para cubrir todas las obligaciones. Con un patrimonio total insuficiente frente a los saldos de ahorro registrados, la intervención de autoridades podría ser necesaria para garantizar estabilidad en el sector y preservar los intereses de los usuarios afectados.