En el presente periodo legislativo, la nación ibérica ha experimentado una serie de desafíos considerables en la gestión pública, revelando una marcada inoperancia gubernamental. Desde la disparada cotización de las rentas hasta la sobrecarga en la atención a menores inmigrantes y las deficiencias en los servicios de salud rurales, el Ejecutivo ha demostrado una notable falta de capacidad para impulsar medidas resolutivas. Esta situación se agrava con un inédito número de decretos-ley rechazados, superando récords históricos. La percepción de un estancamiento generalizado en los asuntos de Estado se ha arraigado, lo que sugiere un desgaste en la confianza ciudadana y un clima de incertidumbre en el futuro próximo del país.
La problemática habitacional, que ha visto un incremento sin precedentes en los costos de alquiler, así como la crisis migratoria en las Islas Canarias con miles de menores en situación de hacinamiento, constituyen ejemplos paradigmáticos de la ineficacia administrativa. A estos se suman las recurrentes interrupciones en el suministro eléctrico, conocidas como el 'gran apagón', y el caos en la red ferroviaria, que evidencian una infraestructura deficiente y la ausencia de políticas públicas consistentes. A pesar de que el gobierno insiste en su compromiso con la resolución de las dificultades cotidianas de la población, la realidad es que estas persisten y, en muchos casos, se han agudizado.
El historial de decretos-ley aprobados durante esta legislatura es preocupante, con un número significativo de ellos invalidados posteriormente por el Congreso. En contraste con la trayectoria democrática del país, donde históricamente pocos decretos han sido derogados, la actual administración ha visto rechazadas seis de estas normativas. Un caso emblemático es el decreto 'anti-apagones', cuyo fracaso deja en el aire la seguridad del suministro eléctrico en un momento crucial, con el cierre programado de centrales nucleares. La ausencia de un consenso claro y de reformas integrales en sectores vitales para la ciudadanía es palpable.
La falta de un apoyo parlamentario estable y la dificultad para conciliar intereses diversos han impedido que iniciativas fundamentales, como la reforma de la Ley del Suelo, avancen. Esta situación ha paralizado numerosos proyectos urbanísticos, exacerbando la escasez de suelo y el desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas en las grandes urbes. Aunque se han presentado propuestas legislativas para abordar la crisis habitacional, la fragmentación política ha impedido su concreción, sumergiendo a la población en una creciente incertidumbre sobre su acceso a una vivienda digna.
Asimismo, la economía, aunque con cifras macroeconómicas presentadas como favorables, no refleja la realidad de los ciudadanos. La persistencia de precios elevados en la canasta básica, sumada a una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa, demuestra que los beneficios macroeconómicos no se traducen en mejoras tangibles para la mayoría. Las ayudas sociales destinadas a los colectivos más vulnerables a menudo no llegan a su destino, y la fragilidad del bloque gobernante ha puesto en peligro en diversas ocasiones la aprobación de presupuestos y medidas esenciales para el bienestar social. La ausencia de un plan financiero sólido y consensuado para las comunidades autónomas acentúa las desigualdades y compromete servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.
La ineficiencia en la gobernanza y la incapacidad de forjar consensos han configurado un panorama nacional de inoperancia que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Desde la vivienda y el transporte hasta la sanidad y la educación, las promesas de soluciones se ven constantemente frustradas por la realidad de un gobierno sin una base sólida para actuar. Esta situación, lejos de mejorar, parece consolidarse, dejando a España en un estado de estancamiento en áreas cruciales para su desarrollo y bienestar.