La ministra Arianna Tanca ha emitido un comunicado desmintiendo rumores difundidos en redes sociales sobre la entrega de bonos por parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Este organismo no está autorizado para otorgar beneficios económicos, tarea que recae exclusivamente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Paralelamente, el Ministerio de la Mujer ha estado involucrado en el proceso de compensación a familias afectadas por un derrame petrolero ocurrido en Esmeraldas, donde se han distribuido indemnizaciones bajo decreto presidencial.
En los últimos días, múltiples anuncios falsos han circulado en plataformas digitales, generando confusión entre la población ecuatoriana acerca de la existencia de un supuesto bono destinado específicamente a las mujeres. En respuesta, la titular de la cartera de Estado, Arianna Tanca, destacó que su ministerio no cuenta con la atribución legal para administrar este tipo de programas económicos. La competencia para proporcionar ayudas económicas reside únicamente en el MIES.
Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha jugado un papel crucial en la gestión de apoyos tras el desastre ambiental registrado en Esmeraldas el pasado 13 de marzo. Según el decreto presidencial número 577, firmado por Daniel Noboa, EP Petroecuador asumió la responsabilidad de pagar una compensación inicial equivalente al Salario Básico Unificado (SBU), aproximadamente 470 dólares, a cada familia damnificada.
Hasta la fecha, más de cinco mil hogares han recibido dicha compensación, y se espera alcanzar un total de siete mil beneficiarios. Este proceso ha sido coordinado mediante una estrecha colaboración entre varias instituciones gubernamentales. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos fue responsable de recopilar datos precisos sobre las familias afectadas, mientras que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos supervisó la implementación del programa de pagos.
Con estas acciones, el gobierno busca garantizar tanto la transparencia informativa como el apoyo efectivo a comunidades vulnerables. El esfuerzo conjunto de diversas entidades demuestra el compromiso del Estado en abordar situaciones críticas, ya sea mediante desmentidos oportunos o mediante medidas concretas de reparación económica.