El gobierno autonómico ha establecido un acuerdo clave que promueve la inclusión social de las personas mayores y con discapacidad. Este convenio, vigente por cuatro años, incluye diversas acciones como jornadas de sensibilización y trámites para otorgar certificaciones a oficinas amigables. Paralelamente, se ha fortalecido la colaboración con instituciones civiles mediante convenios financieros significativos.

Además, se han desarrollado iniciativas específicas dirigidas a abordar problemas como la ocupación indebida de viviendas, ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito a través de colegios profesionales. La Oficina Central de Atención al Ciudadano también proporciona servicios accesibles especialmente diseñados para este grupo vulnerable desde 2024.

Promoviendo Inclusión Social y Sensibilización

Este nuevo acuerdo busca acercar la administración pública a los ciudadanos más vulnerables mediante actividades educativas. En junio próximo se llevarán a cabo cinco sesiones de concientización destinadas a empleados públicos y locales, fomentando una mayor empatía en la atención hacia estas poblaciones. Además, se iniciarán los procedimientos necesarios para que la Oficina Central obtenga un reconocimiento oficial como espacio amigable con los mayores.

La estrategia del gobierno va más allá de simples compromisos formales. A través de estos eventos formativos, se busca capacitar a los funcionarios para identificar y resolver necesidades específicas de los usuarios. El objetivo es transformar no solo las instalaciones físicas, sino también las actitudes y procesos internos de las instituciones públicas. Este proceso incluirá evaluaciones periódicas para garantizar que las medidas implementadas sean efectivas y sostenibles a lo largo del tiempo.

Ampliando Apoyo Jurídico y Servicios Especializados

Otro aspecto destacado es la ampliación de recursos disponibles para proteger a los ciudadanos en situaciones críticas relacionadas con su vivienda. Gracias a un reciente pacto con colegios de abogados, aquellos afectados por ocupaciones ilegales pueden recibir orientación legal gratuita. Esto representa un avance significativo en la defensa de derechos fundamentales para grupos particularmente expuestos.

Desde su inicio en 2024, la Oficina Central de Atención al Ciudadano ha desempeñado un papel crucial al brindar apoyo directo sin necesidad de citas previas. Hasta ahora, ha ayudado a más de 760 madrileños mayores de 65 años o con alguna discapacidad en la gestión de sus trámites administrativos. Esta labor refleja un compromiso continuo con la mejora de la calidad de vida de quienes requieren mayor atención y facilidades en sus interacciones con la administración pública.