En un giro significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional, se ha revelado una directriz presidencial que podría redefinir la estrategia estadounidense en América Latina. Esta orden, que habría sido emitida por el presidente de Estados Unidos, otorga al Departamento de Defensa la facultad de ejecutar operaciones militares ofensivas contra las redes de narcotráfico en la región. Tal acción marca un cambio drástico en la política de Washington hacia estos grupos, los cuales ya han sido clasificados como entidades terroristas. La implicación de esta decisión es profunda, ya que establecería un marco legal para intervenciones directas y unilaterales de las fuerzas armadas en territorios extranjeros, intensificando la confrontación con estas organizaciones criminales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la decisión, tal como lo ha reportado The New York Times, la administración presidencial ha formalizado una disposición que permitiría a las tropas estadounidenses desplegarse contra los cárteles de la droga. Esta medida se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio para combatir el tráfico de fentanilo, una sustancia sintética que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Se considera que los cárteles mexicanos son los principales responsables de la producción y el ingreso de esta droga, utilizando precursores químicos provenientes de China.

Desde el pasado mes de enero, el gobierno estadounidense ha procedido a designar como terroristas a varias de las principales estructuras criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. A esta lista se sumaron posteriormente la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13). En julio, se añadió el Cártel de los Soles, del cual Washington sostiene que es dirigido por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusación que Caracas niega rotundamente.

La recompensa por información que lleve a la captura de Maduro ha sido incrementada a 50 millones de dólares por el Departamento de Justicia. Paralelamente, se han intensificado los vuelos encubiertos de drones sobre el territorio mexicano para detectar laboratorios de fentanilo, una iniciativa que, aunque iniciada por la administración anterior de Joe Biden, ahora busca un enfoque más agresivo, aunque con la prohibición explícita del uso de fuerza letal en estas operaciones de vigilancia.

Ante este escenario, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su disposición a colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero siempre subrayando la importancia del respeto a la soberanía territorial de México. Sheinbaum ha enfatizado que la orden ejecutiva no implica la participación de personal militar o instituciones extranjeras en suelo mexicano, lo que refuerza la postura de su gobierno en cuanto a la autonomía nacional en la lucha contra el narcotráfico.

La autorización militar contra los cárteles de la droga por parte de la Casa Blanca representa un endurecimiento sin precedentes en la política antinarcóticos. Este desarrollo tiene implicaciones significativas para la cooperación internacional y las relaciones bilaterales, particularmente con las naciones latinoamericanas, al introducir un componente militar directo en la estrategia de seguridad regional. Los planes para implementar estas operaciones ya estarían en curso, con el Pentágono evaluando los desafíos logísticos y legales que conlleva esta nueva directiva.