En un reciente giro judicial, la jueza de Catarroja encargada de la investigación sobre los devastadores eventos del 29 de octubre ha desestimado categóricamente un informe de la Guardia Civil. La magistrada calificó el documento de \"incorrecto\" y \"parcial\", particularmente en sus valoraciones sobre las presuntas fallas y descuidos de las entidades involucradas en aquellos dramáticos sucesos. Como resultado, la jueza ha reafirmado su decisión de no iniciar un proceso contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, desestimando las peticiones de ciertas acusaciones populares que se basaban en dicho informe. Este dictamen judicial subraya un conflicto de criterios respecto a la responsabilidad y la interpretación de los hechos que rodearon la catástrofe, evidenciando la complejidad de atribuir culpas en situaciones de tal magnitud.
\nLa jueza hizo hincapié en lo que denominó un \"defecto fundamental\" en el informe de la Guardia Civil, aludiendo a que el contenido del mismo se desvió significativamente de la tarea originalmente encomendada. Se suponía que la Guardia Civil debía limitarse a establecer una secuencia cronológica de los desbordamientos y su conexión con los fallecimientos, sin adentrarse en juicios de valor sobre el desempeño de los actores implicados. La magistrada enfatizó que el análisis de la negligencia y la determinación de responsabilidades es una prerrogativa exclusiva del ámbito jurisdiccional, lo que implica que las apreciaciones policiales carecen de validez incriminatoria o exculpatoria. Además, la jueza lamentó que el informe de 220 páginas omitiera información crucial, como los testimonios de los técnicos, las declaraciones de los familiares de las víctimas y las conclusiones periciales que contradicen las valoraciones incluidas en el documento de la Guardia Civil. La jueza también criticó la insistencia del informe en la \"teoría del apagón informativo\", una idea que, según ella, ya había sido judicialmente refutada, y señaló que se ignoró la amplia cobertura mediática en tiempo real de los acontecimientos.
\nLa resolución judicial también aborda el papel del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) durante la emergencia, mencionando que la única interrupción real fue un periodo de trabajo exclusivamente presencial. Asimismo, el auto clarifica que la supervisión de los barrancos, más allá de los puntos de control de aforo de la CHJ, recae en el Centro de Emergencias de la Generalitat, y que el control efectivo de los caudales en los barrancos depende de la previsión de lluvias y la vigilancia directa. La jueza refutó la idea de que la CHJ o su presidente fueran responsables de la retirada de bomberos o de la falta de control de los desbordamientos que condujeron a las trágicas pérdidas de vidas, argumentando que la CHJ remitió numerosos avisos de lluvia a la Conselleria de Emergencias y que el Sistema Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) mantuvo información accesible en todo momento. En conclusión, la magistrada criticó que algunas acusaciones populares continuaran solicitando la imputación de Miguel Polo basándose en interpretaciones \"sesgadas\" del informe de la Guardia Civil y en teorías \"superadas\", desatendiendo las previas resoluciones judiciales.
\nEste episodio resalta la importancia de la rigurosidad y la delimitación de competencias en las investigaciones de eventos catastróficos. La justicia, con su independencia y su compromiso con la verdad procesal, se erige como pilar fundamental para garantizar que las responsabilidades se diriman con base en pruebas fehacientes y análisis imparciales, evitando especulaciones y teorías infundadas. La transparencia en los procesos judiciales y la confianza en las instituciones son esenciales para mantener la cohesión social y asegurar que cada parte involucrada, desde las víctimas hasta las autoridades, encuentre el camino hacia la comprensión y, si es el caso, la justa reparación. Este caso es un recordatorio de que solo a través de la verdad y la justicia se puede avanzar hacia una sociedad más resiliente y segura, capaz de aprender de sus tragedias para prevenirlas en el futuro.