En una medida extraordinaria para enfrentar la escalada del crimen, el gobierno de Estados Unidos ha centralizado el control policial en la capital. El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, ha sido investido con poderes equivalentes a los de un comisario de policía de emergencia para Washington D.C. Esta decisión, tomada por la fiscal general Pam Bondi, subraya la profunda preocupación de la administración actual por la situación de seguridad en la ciudad y marca un punto de inflexión en la gestión del orden público, provocando un intenso debate sobre las implicaciones para la autonomía local y la intervención federal.

La Capital Bajo Nueva Supervisión Policial de Emergencia

En un movimiento sin precedentes en los Estados Unidos, la fiscal general, Pam Bondi, formalizó el pasado jueves una directiva crucial, nombrando a Terry Cole, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), como el nuevo comisario de la Policía de Washington D.C. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por el orden público, donde la administración actual ha manifestado que la delincuencia en la capital ha alcanzado niveles inaceptables.

Desde el lunes anterior, se ha implementado un estricto despliegue de fuerzas federales en Washington D.C. Agentes de diversas instituciones, incluyendo el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), patrullan las calles de la ciudad en turnos continuos, estableciendo puntos de control en áreas estratégicas. Con esta nueva autoridad, Cole, quien asume su cargo de manera \"inmediata\", gozará de todos los \"poderes y deberes conferidos al jefe de Policía del Distrito de Columbia\". Este traspaso de poderes implica que el Departamento de Policía Metropolitana deberá obtener la aprobación de Cole antes de emitir cualquier directriz operativa.

La activación de aproximadamente 800 tropas de la Guardia Nacional fue una de las primeras acciones de la administración actual para \"restablecer el orden público\", amparada en una cláusula de la ley Home Rule de 1973 que rige la autonomía de Washington. Además, se ha autorizado a la policía a indagar sobre el estatus migratorio de los residentes y a colaborar activamente con los agentes federales en operativos de control migratorio. La fiscal general ha atribuido la crisis de seguridad a \"las políticas de las ciudades santuario y la inmigración ilegal\", reforzando la postura de la administración.

La intención de extender el control federal más allá de los 30 días estipulados inicialmente, con el argumento de que este periodo es insuficiente para \"combatir el crimen\", ha sido objeto de fuertes críticas, al igual que el anuncio de poner fin a los campamentos de personas sin hogar. Terry Cole, quien juró como jefe de la DEA el 24 de julio, cuenta con una extensa trayectoria de 22 años en la agencia, habiendo trabajado en diversas regiones y países como Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio. Antes de su nombramiento al frente de la DEA, en 2023, fue designado jefe de Seguridad Pública de Virginia por el gobernador de ese estado.

Reflexiones sobre la Seguridad y la Autonomía Local

La designación de un líder de la DEA con plenos poderes policiales en Washington D.C. genera interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la autonomía local. Aunque la necesidad de abordar el aumento del crimen es indiscutible, la centralización del poder policial y la intervención federal directa en la capital plantean desafíos significativos a los principios democráticos. ¿Es esta una medida temporal y necesaria ante una crisis, o sienta un precedente preocupante para futuras intervenciones federales en la gestión de ciudades? La inclusión de la verificación del estatus migratorio como parte de la estrategia policial también suscita debates importantes sobre los derechos civiles y el papel de las fuerzas del orden. Es crucial que, en aras de la seguridad, no se socaven las libertades fundamentales ni la capacidad de autogobierno de las comunidades. El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la reducción de los índices de criminalidad, sino también de la forma en que se maneje la relación entre las autoridades federales y locales, y de cómo se respeten los derechos de todos los ciudadanos.