Las irregularidades en las afiliaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Estepona, Málaga, se enmarcan en un contexto de profunda división interna, surgida a raíz del sonado \"caso Astapa\", que desveló una extensa red de corrupción urbanística y política en el Ayuntamiento. Este conflicto no solo fragmentó a la formación política, sino que también sentó las bases para las maniobras que ahora salen a la luz.
\nEn el epicentro de este entramado se encuentra Emma Molina, actual secretaria general del PSOE en Estepona. A pesar de su implicación en las presuntas afiliaciones fraudulentas, que le permitieron ascender al cargo por un margen mínimo de votos, la dirección del partido ha optado por ignorar las denuncias y, paradójicamente, la ha recompensado con importantes responsabilidades y un sueldo financiado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Este ascenso a coordinadora en la Ejecutiva del nuevo secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, un sanchista declarado, evidencia la controvertida estrategia del partido.
\nAnte las acusaciones, la sección malagueña del PSOE defiende que la dirección federal, en su momento, desestimó cualquier irregularidad en las afiliaciones de Estepona. Sin embargo, esta postura choca con un posterior dictamen judicial que, aunque archivó el caso en la vía penal, sí reconoció la existencia de anomalías, sugiriendo que la resolución debía gestionarse a través de los mecanismos internos del partido, no de los tribunales de justicia.
\nA pesar de su ascenso en la estructura partidista, el liderazgo de Emma Molina en Estepona no se ha traducido en éxito electoral para el PSOE, que obtuvo resultados modestos, lo que ha relegado a los socialistas a una posición marginal en el municipio. La lucha por el control de la agrupación local y la influencia en la selección de delegados para los congresos regional y federal se perfilan como los verdaderos motores de la contienda interna, con el \"caso Astapa\" siempre de fondo.
\nEl \"caso Astapa\", que llevó al ex alcalde socialista Antonio Barrientos al banquillo de los acusados y resultó en su condena por cohecho pasivo, ha dejado una profunda cicatriz en el PSOE de Estepona. La división entre quienes denunciaron la corrupción y quienes respaldaron al ex regidor se acentuó con la dimisión de David Valadez, lo que abrió la puerta a la disputa por la secretaría general entre Emma Molina y Mar Sánchez Contreras, una contienda marcada por la controversia de las afiliaciones.
\nLa presunta manipulación del censo electoral, que permitió el regreso de ex militantes vinculados al ex alcalde Barrientos y opuestos a quienes destaparon el caso de corrupción, fue un movimiento estratégico. Documentos internos y conversaciones privadas revelan cómo Emma Molina, con el conocimiento de altos cargos del partido, facilitó estas afiliaciones, desafiando las objeciones y la ética interna.
\nEl proceso judicial, aunque no penalizó a los implicados, sí señaló irregularidades en las afiliaciones. A pesar de las denuncias presentadas ante el Departamento Federal de Atención al Militante y la Ciudadanía (DAMyC) y el Comité de Ética Federal, la intervención de figuras como Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE, garantizó que las presuntas anomalías fueran \"blanqueadas\", consolidando el ascenso de Molina y evidenciando cómo las facciones internas pueden sortear la rendición de cuentas. Este episodio se desarrolló durante la gestión de José Luis Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, y posteriormente bajo Cerdán, ambos investigados en el \"caso Koldo\", lo que añade una capa de complejidad a la trama.