La crisis de la vivienda en España se agudiza, manifestándose en el elevado costo de los alquileres y la escasez de opciones asequibles para gran parte de la población. Un ejemplo palpable de esta situación es el de Yolanda, residente en Sitges, cuyo apartamento de 39 metros cuadrados, originalmente una Vivienda de Protección Oficial (VPO), ahora se alquila por 550 euros. Este monto, aunque parezca elevado, es significativamente inferior a los 800 euros que cuesta un estudio de 37 metros cuadrados en la misma localidad. La figura de la VPO, concebida en los años 80 para facilitar el acceso a la vivienda a precios controlados y garantizados por la administración, se encuentra en declive. La oferta de viviendas protegidas ha experimentado una reducción drástica, cayendo un 80% en las últimas tres décadas, pasando de más de 71.000 unidades en 1995 a solo 14.371 en 2024. Esta disminución contrasta con la creciente necesidad de vivienda asequible, dejando a miles de ciudadanos sin opciones viables en el mercado.

El problema no solo radica en la falta de nuevas construcciones, sino también en la descalificación de las VPO existentes. Estas viviendas tienen un periodo de protección que, una vez finalizado, permite a sus propietarios venderlas o alquilarlas a precio de mercado, perdiendo así su carácter asequible. Familias como la de Yolanda y Teo, una vecina de 70 años del mismo bloque, se enfrentan a la inminente pérdida de la protección de sus hogares. Ellas, junto con otras 67 familias en Cataluña, han iniciado una huelga de alquileres para presionar a la Generalitat a adquirir sus propiedades y mantener su estatus de vivienda pública. La ironía de la situación es que, mientras los políticos anuncian la creación de miles de nuevas viviendas protegidas, el parque existente se reduce, socavando cualquier esfuerzo por abordar la crisis habitacional. El modelo de VPO parece estar fallando en su propósito original, con precios que han aumentado más que los de la vivienda libre en algunas zonas, convirtiendo el acceso a estas propiedades en un privilegio cada vez más inalcanzable.

En este panorama desafiante, la lucha por una vivienda digna y asequible se vuelve crucial. La situación actual subraya la necesidad imperante de que las políticas públicas no solo prometan soluciones, sino que también actúen con decisión y previsión para salvaguardar y expandir el parque de vivienda social. Garantizar que lo que una vez fue público permanezca público, o que al menos se priorice la accesibilidad sobre el beneficio económico, es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Es un imperativo ético asegurar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan un lugar seguro y asequible al que llamar hogar, evitando así que la vivienda se convierta en un lujo inalcanzable para la mayoría y fomentando el bienestar y la estabilidad social.