La Federación Española de Fútbol ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 10 de febrero, sin publicidad ni detalles claros. Este evento, que incluye puntos cruciales en su agenda, como la adaptación de los estatutos y la revisión del presupuesto para 2025, se produce días después de un importante juicio en el Tribunal Supremo. El presidente Rafael Louzán enfrenta una condena por inhabilitación para cargos públicos, lo que podría determinar su permanencia en la presidencia o provocar cambios significativos en la dirección de la federación.

Preparándose para la Incertidumbre: La Reunión Secreta

El 10 de febrero marcará un hito en la historia de la Federación Española de Fútbol. Una asamblea extraordinaria, cuya convocatoria apenas se ha filtrado, se llevará a cabo bajo circunstancias poco convencionales. Los temas a tratar incluyen aspectos financieros y legales, pero lo más intrigante es la propuesta de modificar los estatutos. Esta reunión se desarrollará en un contexto de especulaciones sobre las intenciones del presidente Louzán, quien busca asegurar su posición frente a posibles desafíos legales.

La convocatoria de esta asamblea, realizada con discreción, ha generado cierta inquietud entre los sectores gubernamentales y federales. Aunque el orden del día incluye varios puntos relevantes, el más llamativo es la revisión de los estatutos para adaptarlos a la normativa vigente. Este ajuste podría ser crucial para definir el futuro de la federación, especialmente considerando el juicio pendiente contra Louzán. La falta de transparencia en la convocatoria ha alimentado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estos cambios.

Un Juicio Definitorio: El Veredicto del Supremo

El 5 de febrero será una fecha decisiva para Rafael Louzán y la Federación Española de Fútbol. Ese día, el Tribunal Supremo escuchará el recurso interpuesto por el presidente contra una condena que le impide ocupar cargos públicos. Este veredicto tendrá repercusiones directas en la estructura y liderazgo de la federación, influyendo en los resultados de la asamblea programada pocos días después.

Si el Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Louzán, éste deberá renunciar al cargo conforme a la Ley del Deporte y los estatutos de la federación. Sin embargo, si obtiene la razón, podrá continuar en su posición, aunque con vigilancia constante del Gobierno. Las implicaciones de este fallo son vastas, afectando tanto a la administración interna como a la representación externa de la federación. Además, existen dudas sobre la interpretación legal de la sentencia y su aplicación retroactiva, lo que añade capas de complejidad a la situación actual.