En el umbral del cierre de la temporada fiscal, un creciente temor se ha apoderado de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Se rumora que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están negociando un acuerdo para compartir información personal de los contribuyentes. Aunque históricamente las leyes tributarias prohíben divulgar datos personales, salvo en circunstancias excepcionales, esta posibilidad está sembrando incertidumbre entre quienes presentan sus declaraciones utilizando números de identificación fiscal individual (ITIN). Estos números son emitidos a personas sin acceso al Seguro Social pero obligadas legalmente a cumplir con sus responsabilidades fiscales. Además de pagar impuestos sobre ingresos, muchos trabajadores indocumentados también contribuyen al sistema de Seguridad Social y Medicare, aunque rara vez podrán acceder a estos beneficios.

Un acuerdo controversial que afecta a miles de contribuyentes

En medio de un otoño cargado de preocupaciones legales y financieras, una revelación jurídica pone en jaque la privacidad fiscal de los inmigrantes en Estados Unidos. Según informes recientes, el IRS y el DHS están evaluando la posibilidad de firmar un pacto inédito que permitiría compartir información fiscal sensible. Este proyecto surge después de que el DHS solicitara detalles fiscales de aproximadamente 700,000 contribuyentes en febrero de 2025, lo que desató una demanda judicial que aún no encuentra resolución.

Hasta ahora, los ITINs han sido exclusivamente utilizados para fines fiscales, garantizando que todos los individuos con ingresos federales puedan cumplir con sus obligaciones, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, este nuevo desarrollo genera temor entre aquellos con antecedentes migratorios irregulares. Muchos inmigrantes, incluidos aquellos con estatus mixtos en sus hogares, enfrentan un dilema ético: seguir las leyes fiscales podría exponerlos a consecuencias migratorias adversas.

Este año, ya se observa una disminución significativa en la cantidad de declaraciones presentadas, especialmente dentro de la comunidad inmigrante. Quienes necesiten más tiempo pueden solicitar una prórroga hasta el 15 de octubre, siempre y cuando abonen cualquier impuesto adeudado antes de la fecha límite inicial.

Desde el Low Income Taxpayer Clinic de Greater Boston Legal Services, Angela Divaris y Luz Arevalo recomiendan buscar asesoramiento especializado en ley migratoria para tomar decisiones informadas y evitar caer en manos de oportunistas.

El panorama actual refleja una tensión entre el deber fiscal y las implicaciones potenciales en materia migratoria, dejando a muchas familias en un estado de incertidumbre constante.

Los expertos subrayan la importancia de acudir a fuentes confiables y educarse adecuadamente sobre los derechos y obligaciones fiscales y migratorias.

Reflexiones desde la perspectiva de un periodista

La posibilidad de compartir información fiscal entre el IRS y el DHS representa un cambio radical en cómo se manejan las relaciones entre estas agencias gubernamentales. Si bien es fundamental que todos cumplan con sus obligaciones fiscales, es igualmente importante proteger la privacidad de aquellos que confían en el sistema. Este caso nos recuerda la importancia de equilibrar la seguridad nacional con los derechos individuales, especialmente para comunidades vulnerables. Es crucial que tanto contribuyentes como legisladores actúen con transparencia y responsabilidad ante esta delicada situación.