Después de un enfrentamiento armado ocurrido el miércoles, cientos de familiares se reunieron al día siguiente frente al Centro Penitenciario de Aguaruto. El operativo de seguridad activado por el incidente suspendió las visitas programadas, generando incertidumbre sobre el estado de salud de los reclusos. Las autoridades realizaron inspecciones que incluyeron decomisos de armas y drogas, pero sin reportar víctimas. Mientras tanto, los familiares demandaron información clara y acceso limitado para verificar el bienestar de sus seres queridos.

El descontento aumentó debido a la falta de comunicación oficial. Algunos decidieron buscar apoyo legal o acudir a organismos defensores de derechos humanos. A pesar de estas medidas, persisten críticas hacia las condiciones carcelarias, marcadas por la dependencia económica para obtener recursos básicos.

Inquietud entre Familiares ante Cierre Temporal del Penal

Los parientes de los internos expresaron su angustia al no poder ingresar ni recibir noticias oficiales durante el cierre temporal del penal. Este bloqueo coincidió con las visitas semanales, aumentando la tensión entre quienes esperaban afuera. La negativa gubernamental exacerbó dudas sobre la transparencia del proceso de revisión.

Desde tempranas horas, madres, abuelas y hermanos llegaron al lugar con la intención de cumplir con su rutina semanal. Sin embargo, fueron detenidos por agentes policiales que argumentaron labores pendientes dentro del recinto. Esta situación provocó reacciones airadas, destacándose testimonios sobre disparos previos y denuncias relacionadas con la corrupción estructural que afecta a los prisioneros. Muchos subrayaron cómo las necesidades básicas solo son accesibles mediante sobornos, lo cual agrava la preocupación por el trato recibido.

Acciones Institucionales y Reacciones Sociales

En respuesta a las inquietudes ciudadanas, las autoridades emitieron un comunicado explicando las razones de la suspensión de actividades. Se enfatizó la colaboración interinstitucional para fortalecer la seguridad dentro del penal, además de confirmar importantes hallazgos durante las revisiones.

El informe oficial reveló el aseguramiento de diversos artefactos prohibidos, incluidos dispositivos tecnológicos y sustancias ilícitas. Aunque no se reportaron bajas humanas, las familias continuaron exigiendo garantías adicionales respecto al tratamiento de los internos. En este contexto, algunos recurrieron a mecanismos externos como la Comisión de Derechos Humanos para canalizar sus reclamos. Este episodio expone las tensiones inherentes al sistema penitenciario local y la urgente necesidad de reformas que mejoren las condiciones actuales.