Este lunes marca el comienzo del traslado de menores migrantes solicitantes de asilo desde las Islas Canarias a la Península, en respuesta a las directrices reiteradas del Tribunal Supremo. Diez jóvenes inician este viaje, una cifra que representa una fracción mínima del total de 827 menores que el Estado debe acoger. Las autoridades han mantenido en reserva los destinos específicos de estos menores para evitar reacciones adversas, una medida influenciada por la oposición previa en la Comunidad de Madrid respecto a un centro de acogida.
La operación ha enfrentado obstáculos burocráticos y de coordinación. A pesar de las confirmaciones de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno canario expresó escepticismo inicial debido a la falta de información detallada sobre los vuelos y las plazas disponibles. La documentación necesaria para los traslados fue entregada a última hora, lo que subraya la lentitud y las dificultades en la gestión de este proceso vital. Los jóvenes, en su mayoría de Malí y mayores de 16 años, viajarán acompañados por personal gubernamental o de organizaciones colaboradoras.
Estos traslados se centran en los menores que han solicitado asilo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo emitida el 25 de marzo. No obstante, el desafío es mucho mayor: existen otros 3,975 jóvenes que deben ser reubicados en distintas comunidades autónomas, conforme a la distribución establecida por el Ministerio de Infancia. A pesar de la aprobación de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería hace cuatro meses, que obliga al reparto de menores entre las autonomías, el Gobierno pospone el inicio de estos traslados más amplios hasta finales de agosto, sin precisiones claras sobre las fechas.
Como parte de las acciones para abordar esta situación, el Estado inauguró el 23 de julio el centro de acogida Canarias 50 en Las Palmas de Gran Canaria, donde ya han ingresado 141 menores para cumplir con la orden judicial. En las reuniones semanales entre el gobierno central y las autoridades regionales, se han propuesto 750 plazas adicionales, aunque la incertidumbre persiste debido a incidentes como el cierre cautelar de un centro en Madrid. El Tribunal Supremo ha emitido múltiples advertencias por el incumplimiento de sus órdenes, destacando la extrema vulnerabilidad de la mayoría de los menores involucrados.
El ritmo actual de reubicación, con dos traslados semanales de entre 15 y 20 menores, según lo establecido en las reuniones interadministrativas, sugiere que el proceso de reubicación total no concluirá antes de enero de 2026. El plan del Ministerio de Inclusión prioriza el uso de pequeñas instalaciones estatales distribuidas por todo el país, con la expectativa de incrementar los recursos con el tiempo. Para ello, el Gobierno ha destinado 40 millones de euros para la creación de 1.200 plazas en la Península, y el destino final de cada joven se determinará mediante una evaluación individualizada de cada caso.