En los últimos días, se ha producido un cambio significativo en el discurso político de la coalición nacionalista gallega. El término "franquismo industrial", acuñado por Ana Pontón durante su debate con el presidente de la Xunta, ha resurgido como una nueva herramienta retórica para criticar proyectos empresariales como Altri. Este fenómeno refleja una tendencia más amplia hacia un discurso cada vez más confrontacional y soberanista dentro del Bloque Nacionalista Galego (BNG). En este contexto, el papel de la Unión do Povo Galego (UPG) ha sido crucial, promoviendo una agenda que busca intensificar la conflictividad social para crear un clima favorable a sus objetivos políticos. Esta estrategia, respaldada por teorías gramscianas, plantea importantes cuestionamientos sobre el futuro del debate político en Galicia.
En un otoño marcado por debates políticos intensos, la UPG ha presentado públicamente su hoja de ruta para esta legislatura, documento que revela una clara intención de reforzar la movilización social contra diversos proyectos económicos y sociales. Las recetas propuestas incluyen fortalecer la presión ciudadana y aumentar la participación en plataformas de protesta. Entre los temas abordados destacan las críticas a empresas como Altri, proyectos mineros y parques eólicos, todos ellos vistos como símbolos de lo que denominan "depredación extractivista". La vivienda y el sistema sanitario también son áreas clave donde buscan organizar el descontento popular. Todo esto forma parte de una estrategia diseñada para generar un ambiente de rechazo y desencanto hacia las decisiones gubernamentales legítimamente adoptadas.
La UPG, liderada por Néstor Rego, no oculta su objetivo de ser el motor detrás de estas acciones, reconociendo explícitamente su papel en la organización y financiación de diversas iniciativas de protesta. Sin embargo, llama la atención la ausencia de propuestas constructivas sobre cómo gestionarían estos asuntos si estuvieran en el poder. Su enfoque parece centrarse más en la confrontación y la crítica que en ofrecer soluciones viables. Este enfoque, aunque eficaz para movilizar sectores específicos de la población, plantea dudas sobre su capacidad para gobernar efectivamente si alguna vez tuvieran la oportunidad.
Además, el documento de la UPG hace un llamado a apoyar activamente manifestaciones como las de SOS Sanidade Pública y Queremos Galego, subrayando la importancia de la movilización popular en fechas clave como el 23 de febrero. Esto sugiere que la estrategia política de la UPG está meticulosamente planificada y ejecutada, buscando maximizar su impacto en momentos cruciales del calendario político gallego.
Desde la perspectiva de un observador externo, es evidente que la estrategia de la UPG busca polarizar aún más el panorama político gallego. Mientras que algunos ven esta táctica como necesaria para defender intereses específicos, otros argumentan que puede llevar a una mayor división social y política. Es crucial reflexionar sobre el equilibrio entre la crítica constructiva y la confrontación constante. Un diálogo abierto y respetuoso podría ser el camino más productivo para abordar los desafíos que enfrenta Galicia. En última instancia, la pregunta que queda en el aire es si esta estrategia de confrontación continuará siendo efectiva a largo plazo o si, eventualmente, resultará contraproducente para el propio movimiento nacionalista.