Una reciente investigación parlamentaria en Navarra busca esclarecer supuestas anomalías en la asignación de contratos de obras públicas, especialmente en lo concerniente a la construcción del túnel de Belate. Esta iniciativa, motivada por un informe de la UCO que destapó posibles vinculaciones con personajes como Koldo García y Santos Cerdán, ha convocado a múltiples actores para rendir cuentas. A pesar de que la indagación cubrirá las últimas cuatro legislaturas, la actual presidenta, María Chivite, no será requerida para comparecer, una decisión que generó debate dado que dos de esos periodos corresponden a su gestión.

Entre las 41 personas que sí deberán testificar ante el parlamento regional, se destacan figuras cruciales que participaron en la mesa de adjudicación de la obra de Belate. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta, se encuentra entre ellos, ya que la licitación y ejecución de la obra recayó bajo su supervisión. Especial atención se ha puesto en Jesús Polo Soriano, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, cuya actuación en la valoración fue determinante para que la UTE conformada por Acciona y Servinabar (vinculada a la trama) obtuviera el contrato. Contrastando con su proceder, Lorenzo Serena, secretario de la mesa, y otros dos miembros presentaron votos particulares, expresando su desacuerdo con la valoración que favoreció a dicha UTE, lo que subraya las profundas divisiones internas que marcaron el proceso de adjudicación. La comparecencia de estos ocho miembros será vital para desentrañar la verdad detrás de la controvertida concesión.

Este proceso investigativo, al sacar a la luz las complejidades y tensiones inherentes a las decisiones gubernamentales, reafirma la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La determinación de los diputados navarros de examinar a fondo las adjudicaciones de contratos, especialmente aquellos que han generado controversia, es un paso fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Este tipo de escrutinio democrático es esencial para garantizar que las obras públicas beneficien genuinamente a la sociedad y se realicen con la máxima probidad, disuadiendo cualquier indicio de influencia indebida y promoviendo una cultura de integridad en la gestión de los recursos públicos.