Juan Carlos I ha finalizado el reembolso de los créditos que le fueron concedidos por un grupo de empresarios para afrontar sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria de España. Este pago, que supera los cuatro millones de euros, se ha realizado gracias a los ingresos generados durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos.
Una parte de estos fondos proviene de la comercialización de derechos para producciones audiovisuales sobre su vida y de su participación en diversas gestiones comerciales. Debido a que ya no reside fiscalmente en España, estas transacciones no están sujetas al seguimiento ni a la verificación por parte de las autoridades tributarias españolas, lo que le otorga una cierta discreción en sus movimientos financieros.
Es importante recordar que en febrero de 2021, el Rey Emérito efectuó una regularización voluntaria ante Hacienda por un monto de 4.395.901,96 euros, incluyendo recargos e intereses de demora. Esta suma estaba vinculada a gastos de viajes privados, valorados en 8 millones de euros, cubiertos por la Fundación Zagatka, una entidad opaca con sede en Liechtenstein, dirigida por su primo Álvaro de Orleans, la cual no había declarado previamente estos gastos.
Anteriormente, Don Juan Carlos ya había realizado otra regularización por 680.000 euros, a raíz de obsequios recibidos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que fueron interpretados por las autoridades fiscales como un incremento patrimonial no justificado.
Los asesores legales del monarca sugirieron que la vía más adecuada para liquidar estas regularizaciones, dada la suspensión de su asignación oficial, era mediante la obtención de préstamos de empresarios de confianza. Esta estrategia garantizaba que los fondos fueran devueltos de manera oportuna, evitando así futuras complicaciones con el sistema fiscal.
Se descartó la opción de donaciones directas debido a la elevada carga impositiva (40%) y el riesgo de que fueran consideradas un medio para evadir impuestos. Así, Don Juan Carlos formalizó acuerdos de préstamo con una decena de empresarios y miembros de la aristocracia, quienes prefirieron mantener su identidad en el anonimato.
El monarca emérito podría haber enfrentado complicaciones adicionales si Hacienda hubiera determinado que los préstamos eran ficticios. No obstante, al haber devuelto la totalidad de los fondos, este riesgo se ha disipado. En el pasado, se vio envuelto en una situación similar cuando otorgó 1.2 millones de euros a su hija, la Infanta Cristina, para la adquisición de un inmueble en Pedralbes junto a su entonces esposo, Iñaki Urdangarin.
Este préstamo inicial fue concedido después de que La Caixa denegara un crédito a la Infanta y a su cónyuge para la compra y reforma de la propiedad. Aunque la Infanta Cristina solo devolvió una porción mínima a su padre, la Fiscalía investigó la operación en el contexto del 'caso Nóos', calificándola de delito fiscal. Sin embargo, el caso fue declarado prescrito, y el origen del dinero nunca fue plenamente esclarecido.
Don Juan Carlos se amparó en el artículo 305.4 del Código Penal, que considera regularizada la situación tributaria cuando el contribuyente reconoce y salda completamente su deuda. A pesar de esto, la regularización generó controversia, ya que debía haberse realizado antes de cualquier investigación, y la Fiscalía le había notificado diligencias de investigación que sus asesores se negaron a recibir oficialmente.
Posteriormente, el rey emérito enfrentó otra investigación de Hacienda por regalos y cacerías entre 2014 y 2018, resuelta con una sanción administrativa menor a 500.000 euros. Como consecuencia, decidió trasladar su residencia fiscal fuera de España para evitar el escrutinio continuo de las autoridades tributarias, asumiendo la posibilidad de pasar el resto de su vida en el extranjero.