La investigación sobre los contratos públicos obtenidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, especialmente aquellos que contaron con el respaldo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de otras 31 entidades, está escalando. La Fiscalía Europea, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha puesto el foco en las empresas que emitieron cartas de recomendación a favor de Barrabés en licitaciones financiadas con fondos europeos. El objetivo es esclarecer si estas recomendaciones fueron legítimas o si, por el contrario, influyeron indebidamente en la adjudicación de contratos millonarios, en los que los criterios subjetivos tuvieron un peso decisivo. Este caso se suma a otras pesquisas judiciales que ya examinan la relación entre Barrabés y la cátedra dirigida por la esposa del presidente, así como irregularidades en procesos de adjudicación que no involucran directamente fondos comunitarios.
Interrogatorios a Empresas Colaboradoras
La Unidad Central Operativa (UCO) ha iniciado una serie de interrogatorios a las compañías que emitieron cartas de recomendación en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, en el marco de la investigación de la Fiscalía Europea. Estas empresas, que incluyen a gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon, así como la cátedra ligada a la esposa del presidente, Begoña Gómez, proporcionaron avales para que Barrabés se adjudicara varios contratos de la entidad pública Red.es. La diligencia de la UCO busca verificar si las recomendaciones fueron emitidas en representación oficial de las empresas o si hubo actuaciones individuales, así como identificar a los responsables de tales apoyos. Esta fase es crucial para determinar si existió una coordinación o un patrón de influencias que pudo haber afectado la equidad de los procesos de licitación, especialmente en aquellos donde el peso de la valoración subjetiva era considerable.
Las indagaciones de la UCO son una parte fundamental de la investigación que lidera la Fiscalía Europea. Los contratos en cuestión, adjudicados a Innova Next (empresa de Barrabés) en unión temporal con The Valley, superaron los diez millones de euros y se destinaron a programas de formación en competencias digitales. Red.es ha defendido la legalidad de los procedimientos, pero la Fiscalía Europea ha señalado indicios de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La clave radica en la influencia de estas 32 adhesiones, entre ellas la de la cátedra de Begoña Gómez, en la obtención de contratos. Las pesquisas se centran en establecer si la relación del empresario con la esposa del presidente fue determinante, dado que las uniones temporales se impusieron gracias a obtener la máxima puntuación en los criterios subjetivos, que representaban un 40% del total. La investigación también considera el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que detectó irregularidades en un contrato adicional de dos millones de euros con Red.es, donde el peso de los criterios subjetivos nuevamente fue cuestionado, sugiriendo un posible incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.
Análisis de la IGAE y Criterios de Adjudicación
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha puesto de manifiesto graves irregularidades en una de las adjudicaciones a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, resaltando la excesiva ponderación de los criterios subjetivos en el proceso de licitación. Aunque formalmente el precio debía representar el 60% de la puntuación, el análisis de la IGAE reveló que su peso real era de apenas el 30%. Esta desproporción es crítica, ya que la Ley de Contratos del Sector Público establece que, si el componente económico no alcanza el 50%, la evaluación técnica debe ser realizada por un comité de expertos independiente o un organismo especializado, lo cual no ocurrió en este caso. La IGAE atribuye la responsabilidad de esta decisión a David Cierco, director general de Red.es en ese momento, quien, no obstante, ha negado cualquier irregularidad.
El contrato bajo escrutinio, valorado en dos millones de euros y destinado a asesorar a PYMES en transformación digital, se tramitó simultáneamente con otros contratos que ya están siendo investigados. Este solapamiento, junto con la activa colaboración de Barrabés con la cátedra vinculada a la esposa del presidente, añade complejidad al caso. La Fiscalía Europea busca determinar si esta red de influencias y las anomalías en la valoración de ofertas contribuyeron a que Innova Next, a menudo en consorcio con KPMG, obtuviera ventajas indebidas. La continuidad de esta investigación subraya la preocupación por la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública, especialmente cuando intervienen figuras con conexiones de alto nivel. La repercusión de estos hallazgos podría tener implicaciones significativas para la gestión y supervisión de los fondos públicos en España.