En un significativo avance judicial, la Generalitat Valenciana ha decidido unirse a la Fiscalía Anticorrupción en la petición de cuatro años de prisión para Francisco Javier Puig, el hermano del ex presidente autonómico Ximo Puig. Esta acción legal busca el resarcimiento de fondos públicos obtenidos de manera irregular y subraya la seriedad de las acusaciones por falsedad documental y estafa continuada, que giran en torno al uso de empresas ficticias y facturas alteradas para conseguir subvenciones durante el mandato socialista de su hermano.

Detalles de la Investigación Judicial en Valencia

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha presentado formalmente ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia la solicitud de apertura de juicio oral contra Francisco Javier Puig y su socio, Juan Enrique Adell. La fiscalía ha pedido tres años de prisión para Adell por un delito de falsedad en documento mercantil. La investigación se centra en el período de 2015 a 2019, años durante los cuales Francisco Javier Puig administraba Comunicaciones dels Ports y Mas Mut Produccions, mientras que su socio gestionaba Canal Maestrat. Se alega que estas entidades fueron utilizadas para solicitar y obtener ilícitamente subvenciones de la Generalitat destinadas a la producción y difusión de contenido en valenciano.

El expediente presentado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana detalla que se detectaron facturas no elegibles para subvención, gastos no ejecutados, duplicidades, autofacturación, facturas cruzadas, y casos de pagos no registrados, concluyendo que Mas Mut Produccions operaba como una empresa simulada. Por estas razones, se exige a Francisco Javier Puig una indemnización de 58.866,69 euros a la Generalitat Valenciana. Además, se reclama que él y su socio asuman solidariamente el pago de 74.710,75 euros adicionales por facturaciones cruzadas entre sus empresas, cantidad que sería distribuida proporcionalmente entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña, dado que ambas instituciones concedieron ayudas a las compañías bajo escrutinio.

La Fiscalía Anticorrupción, en su propio escrito presentado previamente, había cifrado el total supuestamente defraudado a través de Mas Mut en 110.691,97 euros entre 2015 y 2018. Cabe destacar que la querella inicial que desencadenó esta investigación fue presentada por el Partido Popular en 2019, aunque en aquel momento no se alcanzó el umbral mínimo para procesar por fraude de subvenciones. Actualmente, Ximo Puig, el ex presidente autonómico, ejerce como embajador de España ante la OCDE.

Desde una perspectiva periodística, este caso resalta la constante vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y la importancia de la transparencia. La insistencia de las autoridades en perseguir este tipo de delitos, incluso cuando involucran a figuras cercanas a ex altos cargos, envía un mensaje claro sobre la rendición de cuentas y la necesidad de erradicar cualquier práctica fraudulenta en la gestión de las subvenciones. Para el ciudadano, esto representa una reafirmación de que la justicia, aunque a veces lenta, busca prevalecer en la protección de los intereses colectivos.