En una decisión que ha generado amplias repercusiones, el gobierno del presidente Javier Milei anunció reformas significativas a la Unidad de Información Financiera (UIF). Estas modificaciones eliminan la capacidad de la institución para actuar como querellante en casos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Según las autoridades, esta medida busca fortalecer la independencia operativa de la UIF alineándose con recomendaciones internacionales. Sin embargo, críticos argumentan que esta decisión podría debilitar la lucha contra actividades ilegales financieras.
Detalles del Decreto 274/2025 y sus Implicaciones
El pasado 16 de abril, durante una noche cargada de tensiones políticas, el Boletín Oficial dio a conocer el Decreto 274/2025. Este documento, firmado por el presidente Javier Milei junto con los ministros Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona, establece cambios fundamentales en la estructura y funciones de la UIF. En un contexto donde la autonomía e integridad institucional son temas sensibles, el decreto destaca la necesidad de evitar "influencias indebidas" en las investigaciones financieras.
Ubicada bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, la UIF ahora debe transferir cualquier evidencia sospechosa detectada en sus análisis al Ministerio Público Fiscal. Esta nueva dinámica busca separar claramente las funciones entre ambas entidades, asegurando que solo el Ministerio Público tenga la potestad de ejercer acciones penales. La modificación también refuerza la colaboración entre la UIF y otras agencias gubernamentales especializadas en inteligencia y prevención.
Esta reestructuración ocurre tras la remoción de Ignacio Yacobucci como director de la UIF, figura considerada cercana a causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo. En su lugar, fue nombrado el fiscal federal Paulo Starc, cuyo perfil profesional ha sido objeto de controversia debido a conexiones pasadas con sectores políticos opuestos al actual gobierno.
Perspectivas sobre el Impacto del Cambio
Desde una perspectiva periodística, este ajuste legal plantea interrogantes cruciales sobre cómo afectará la efectividad de las investigaciones financieras en Argentina. Al concentrar exclusivamente en el Ministerio Público la responsabilidad de presentar querellas, se genera un punto centralizado de toma de decisiones que podría facilitar o, por el contrario, obstaculizar procesos clave dependiendo de factores políticos internos.
Para los ciudadanos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, es vital monitorear de cerca cómo se implementan estos cambios y si realmente contribuyen a mejorar la eficiencia sin sacrificar principios democráticos fundamentales. El desafío está en equilibrar la autonomía institucional con la necesidad de mantener mecanismos robustos contra actividades ilícitas financieras.