El anuncio de una nueva legislación ha generado controversia entre figuras destacadas y organizaciones civiles. Recientemente, el reverendo José María Tojeira expresó su postura sobre la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, enfatizando que las entidades sociales siempre han sido abiertas con sus finanzas frente al gobierno. En contraste, señala que es el propio Estado el que suele ocultar información importante a la ciudadanía.

La normativa, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, pretende gravar con un impuesto del 30 % las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales (ONG). Además, se justifica como una medida para garantizar transparencia financiera. Sin embargo, expertos como Gabriela Santos denuncian que esta ley representa una estrategia represiva destinada a silenciar voces críticas. Según ella, esta acción forma parte de una tendencia autoritaria creciente en el país.

Otras personalidades coinciden en que las ONG ya cumplen con rendir cuentas de manera adecuada. Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, desmiente los argumentos oficiales al afirmar que estas instituciones han sido claras en cuanto al manejo de sus recursos. Frente a este panorama, más de 70 organizaciones humanitarias han manifestado su rechazo, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para la sociedad civil salvadoreña.

En medio de estos debates, queda claro que la libertad de expresión y la transparencia son pilares fundamentales para cualquier democracia. Proteger estas bases significa fortalecer las relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos, fomentando un ambiente donde prevalezcan el diálogo y la confianza mutua.