El gobierno gallego, liderado por el presidente Alfonso Rueda, ha enfrentado meses de incertidumbre y debates sobre la aprobación del proyecto industrial de Altri en Palas de Rei. Este plan, que incluye vertidos al río Ulla y su impacto potencial en la ría de Arousa, ha generado preocupaciones significativas entre ambientalistas y comunidades locales debido a los riesgos asociados con la contaminación y el daño ecológico. El proceso técnico para evaluar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estuvo marcado por solicitudes de información adicional, filtraciones mediáticas y tensiones políticas.
En una región conocida por su belleza natural y su economía basada en actividades como el marisqueo y el turismo, las autoridades regionales se encontraron bajo presión para garantizar un balance entre desarrollo industrial y protección ambiental. En abril de 2024, Augas de Galicia emitió un primer informe donde destacó lagunas en la documentación presentada por Altri, especialmente en lo concerniente a los procesos de tratamiento de aguas residuales y sus efectos potenciales en el ecosistema fluvial.
Tras meses de espera, Greenfiber, filial de Altri, respondió finalmente en diciembre con un detallado documento de 39 páginas que intentaba resolver todas las dudas técnicas planteadas. Este informe fue evaluado exhaustivamente antes de que Augas de Galicia emitiera su dictamen definitivo el 28 de enero de 2025. En él, el organismo concluyó que las medidas preventivas y correctoras propuestas son adecuadas siempre que se cumplan rigurosamente ciertos condicionantes.
Entre los puntos clave analizados están las características físico-químicas de los vertidos previstos, así como las capacidades de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales. También se establecieron modificaciones necesarias en el Plan de Vigilancia Ambiental para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la preservación de los objetivos medioambientales.
La decisión final no pasó desapercibida, ya que generó tanto críticas como apoyos. Mientras algunos grupos ambientales mantienen sus temores sobre posibles consecuencias irreversibles para la biodiversidad local, otros ven este proyecto como una oportunidad económica significativa para la región.
Desde una perspectiva cronológica, cabe destacar que el proceso técnico transcurrió durante casi un año, desde abril de 2024 hasta enero de 2025, marcado por intercambios constantes entre las partes involucradas y una búsqueda constante de claridad técnica.
En términos geográficos, el corazón del debate se encuentra en el río Ulla, cuyas aguas desembocan en la ría de Arousa, una de las áreas más valiosas desde el punto de vista ecológico y económico en Galicia.
Desde la óptica de un periodista, este caso ejemplifica la compleja relación entre el progreso industrial y la conservación ambiental. La decisión adoptada por las autoridades gallegas refleja un esfuerzo por encontrar un equilibrio sostenible, aunque queda por verse si dichas medidas serán suficientes para mitigar cualquier posible impacto negativo.
Para los ciudadanos interesados en el futuro de su entorno natural, este episodio subraya la importancia de mantener un diálogo abierto y transparente entre todos los actores implicados. Además, reafirma la necesidad de supervisar cuidadosamente la implementación de proyectos de esta magnitud, asegurando que cada paso dado sea conforme a las mejores prácticas ambientales disponibles.