En un pronunciamiento reciente que ha captado la atención global, el gobierno de Estados Unidos ha diferenciado la situación política de El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele de la de regímenes dictatoriales en otras latitudes, a pesar de que el partido del mandatario y sus aliados eliminaron los límites a los mandatos presidenciales. Esta declaración, difundida por Bukele en sus redes sociales, subraya la postura de Washington de que la modificación constitucional fue obra de una Asamblea “democráticamente elegida”, otorgándole la potestad de determinar la gobernanza de su nación. Desde el Departamento de Estado de EE. UU. se ha enfatizado el rechazo a cualquier parangón entre el proceso legislativo salvadoreño, calificado de democrático y constitucionalmente legítimo, y las autocracias de otras regiones.

No obstante, la decisión de permitir mandatos presidenciales indefinidos ha suscitado fuertes críticas y advertencias de parte de observadores internacionales y la oposición salvadoreña, quienes interpretan estos cambios como un retroceso para la democracia en el país. A la extensión de los mandatos de cinco a seis años se suma la preocupación de Juan Pappier, de Human Rights Watch, quien lamenta el apoyo estadounidense a lo que considera intentos de establecer una autocracia en El Salvador, lo que, a su juicio, mina la credibilidad de las críticas de EE. UU. hacia otros gobiernos autoritarios. El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, también se unió a las voces disidentes, exhortando a los legisladores a reconsiderar la reforma sin una consulta popular, fundamental para su legitimidad, en un contexto donde Bukele ha consolidado su poder mediante la colocación de aliados en puestos clave, debilitando los contrapesos institucionales y reprimiendo a críticos.

La popularidad de Bukele, cimentada en su enérgica campaña contra las pandillas que ha traído una relativa seguridad, ha opacado las críticas sobre el debido proceso. El líder salvadoreño ha justificado las enmiendas constitucionales argumentando que muchos países europeos permiten la reelección indefinida, aunque sus detractores señalan que esta comparación es falaz, dado que dichas naciones poseen instituciones democráticas más robustas que actúan como contrapesos al poder ejecutivo. La falta de presión por parte de Estados Unidos, y los elogios de la administración de Donald Trump, han permitido a Bukele afianzar su poder con celeridad. En meses recientes, la administración de Bukele ha intensificado la represión contra la disidencia, aprobando leyes restrictivas y llevando a un significativo número de activistas, académicos y periodistas a buscar refugio fuera del país, enfrentándose a la difícil elección entre el exilio y la prisión.

Es esencial recordar que la fortaleza de una democracia reside en la vitalidad de sus instituciones y la participación ciudadana, pilares que deben ser protegidos y fomentados para asegurar un futuro de prosperidad y justicia. La historia nos enseña que el respeto a la pluralidad de voces y la rendición de cuentas son elementos indispensables para el progreso de cualquier sociedad.