El tribunal de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ha dado luz verde a una acción judicial promovida por miembros de la Coalición Cívica, quienes cuestionan la validez constitucional del decreto 780/2024. Este decreto, emitido por el gobierno liderado por Javier Milei, altera significativamente las normas sobre acceso a la información pública. Aunque inicialmente rechazada por un juez debido a problemas de legitimidad, la apelación presentada por los legisladores fue aceptada por mayoría en la cámara superior.

Además de analizar si el decreto respeta la Constitución, se evaluará si debe aplicarse una medida cautelar para suspender temporalmente sus efectos mientras dure el proceso legal. El decreto introduce cambios como la limitación del concepto de "información pública" y establece requisitos más estrictos para solicitar datos gubernamentales.

Un Cambio Polémico en las Reglas de Transparencia

El decreto modifica sustancialmente cómo se interpreta y gestiona la información bajo control estatal, afectando tanto a ciudadanos como a organizaciones civiles interesadas en temas de transparencia. Con criterios más restrictivos, se reduce el alcance de qué puede considerarse información pública disponible.

Entre las principales modificaciones está la definición de qué constituye información pública y documentos oficiales. Ahora, gran parte de la información generada o manejada por entidades privadas queda fuera del ámbito público, junto con deliberaciones preliminares y materiales de trabajo. Además, se incorpora un nuevo principio de "buena fe" en las solicitudes de información, lo que podría complicar aún más el acceso a ciertos datos. Los críticos argumentan que estas restricciones contradicen principios constitucionales y normas internacionales sobre derechos humanos.

Avances Legales en Defensa de la Transparencia

El fallo de la cámara representa un hito importante en la lucha contra la opacidad administrativa, al permitir que el caso avance hacia su resolución definitiva. Este desarrollo legal abre nuevas oportunidades para debatir y fortalecer el marco regulatorio actual.

Tras la decisión de primera instancia que desestimó el caso, citando falta de legitimación, las camaristas Liliana Heiland y Clara Do Pico revocaron dicha determinación, destacando la conexión esencial entre el derecho al acceso a la información y los principios fundamentales consagrados en la ley nacional e internacional. Su razonamiento subraya que los legisladores tienen interés legítimo en proteger este derecho básico, ya que cualquier limitación debe estar claramente justificada y ajustada a la ley. Por otro lado, el tercer magistrado Rodolfo Eduardo Facio mantuvo su postura inicial, pero su voto fue superado por la mayoría.