Un proyecto legislativo recientemente presentado ha generado fuertes reacciones entre los sectores políticos mexicanos. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han manifestado su oposición a una iniciativa que, según ellos, amenaza con limitar la libertad de expresión y comprometer la democracia. Este plan busca sustituir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por una nueva agencia bajo control gubernamental, lo que podría tener implicaciones graves tanto a nivel nacional como internacional. Además, existe preocupación sobre cómo esta medida podría afectar tratados internacionales y silenciar temas delicados relacionados con seguridad e injusticias.
Preocupaciones Democráticas y Control Gubernamental
Los legisladores del PRI advierten que la propuesta pone en peligro principios fundamentales de la democracia mexicana. Según sus críticas, esta reforma no solo representa un retroceso en términos de libertades, sino también una consolidación del poder ejecutivo mediante la creación de una nueva entidad digital bajo control directo del gobierno federal.
Alejandro Moreno, líder del PRI, destacó que esta iniciativa tiene claras intenciones autoritarias. En lugar de promover pluralismo y transparencia, se cree que la nueva agencia funcionaría como un mecanismo para censurar información crítica hacia el gobierno. Esto incluye suprimir debates sobre problemas sociales urgentes como desapariciones forzadas, derechos humanos y vínculos delictivos dentro del partido gobernante. Sin mecanismos adecuados para apelar decisiones, la preocupación es que cualquier contenido considerado inconveniente pueda ser eliminado sin contrapeso significativo.
Impactos Internacionales y Compromisos Comerciales
Además de las repercusiones domésticas, existe temor de que la eliminación del IFT viole acuerdos comerciales internacionales, especialmente aquellos relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Estos documentos exigen la existencia de organismos autónomos que aseguren competencia justa y transparencia en industrias clave, algo que la nueva estructura proponía podría comprometer seriamente.
El papel del IFT como garante independiente de normativas en telecomunicaciones sería remplazado por una agencia subordinada al gobierno, lo que plantea dudas sobre su capacidad para cumplir con estándares internacionales requeridos por tratados comerciales. Esto podría generar tensiones diplomáticas y económicas con socios comerciales importantes. Asimismo, la posibilidad de utilizar esta nueva agencia para manipular información crítica contra el régimen actual genera inquietud generalizada sobre cómo afectará esto la calidad de la información disponible para la ciudadanía, dejando en manos del gobierno la decisión final sobre qué contenidos pueden circular libremente.