Una reciente intervención de la Guardia Civil en una propiedad rural de Azuaga, Badajoz, ha revelado un escenario desgarrador: treinta y dos caninos han sido encontrados sin vida, víctimas de una prolongada y agónica inanición. Estos animales, abandonados a su suerte desde el mes de junio, carecían por completo de agua y alimento, lo que los llevó a una situación límite de supervivencia.
La extrema escasez de recursos empujó a algunos de los perros a un comportamiento instintivo y macabro, recurriendo a alimentarse de los restos putrefactos de aquellos que ya habían sucumbido. Este acto desesperado es un testimonio sombrío de la agonía y el sufrimiento que padecieron antes de su propio fallecimiento.
Tras la verificación de los hechos, las autoridades han imputado al dueño de la propiedad por un grave delito de maltrato animal. La omisión flagrante de los cuidados básicos y esenciales para la vida de estos perros ha resultado en la muerte de todos ellos, constituyendo una violación clara de las leyes de protección animal.
Durante un periodo de dos meses, los animales permanecieron desatendidos en la finca. Algunos deambulaban libremente, mientras que otros estaban confinados con cadenas o dentro de jaulas, todos en condiciones higiénicas lamentables. Este ambiente insalubre, sumado a la falta de sustento, fue la causa directa de su trágico final.
La intervención policial se inició la semana pasada, cuando una unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó indicios de la presencia de perros en estado de abandono y mala salud en la nave. Las pesquisas subsiguientes permitieron identificar y localizar al responsable del inmueble. Durante la inspección, realizada en presencia del propietario, se confirmó la magnitud de la tragedia con el descubrimiento de los 32 cuerpos, todos evidenciando extrema delgadez y diversos grados de descomposición.
Las actas e informes del caso han sido ya remitidos al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz, con el fin de que se tomen las medidas legales pertinentes contra el presunto responsable de esta atrocidad.