Una situación delicada ha surgido alrededor de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Recientemente, se han cuestionado las prácticas relacionadas con la transparencia dentro de esta institución. Se ha revelado que Myrna Araceli García Morón optó por mantener en confidencialidad una amplia gama de detalles incluidos en su declaración patrimonial correspondiente a 2023. Este gesto contrasta fuertemente con sus repetidos llamados a promover la apertura gubernamental.

El acceso a la información solicitada ha generado dudas significativas. Aunque existió un intento formal de obtener copias del documento mediante el Sistema de Acceso a la Información Pública, las respuestas recibidas indicaron que los datos están disponibles únicamente en plataformas gubernamentales. Allí, diversos aspectos que comúnmente son públicos, como estado civil y lugar de nacimiento, fueron marcados como reservados. Además, ciertos elementos financieros, especialmente aquellos relacionados con propiedades heredadas, carecen de claridad en cuanto a ubicaciones específicas.

Es fundamental que las autoridades responsables actúen con integridad para reforzar la confianza pública. La transparencia no solo es un principio ético, sino también un pilar fundamental en democracias modernas. Instituciones como la CODHEM deben servir como ejemplo destacado de cómo gestionar la información sin ocultamientos innecesarios. Al hacerlo, contribuirán a una sociedad más justa y abierta donde cada ciudadano pueda ejercer sus derechos plenamente informados.